La reforma laboral de 2012 introdujo, entre otras muchas novedades, la obligación, para las empresas que pretendan llevar a cabo despidos colectivos que afecten a más de 50 trabajadores la obligación de ofrecer a estos trabajadores un plan de recolocación externo a través de empresas de recolocación autorizadas.

Estos planes deberán incluir medidas de formación, orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo y su duración será como mínimo de seis meses

Superadas las dos últimas convocatorias electorales, es buen momento para reflexionar sobre el nuevo horizonte que el actual gobierno dibujará para dar respuesta a una de las preocupaciones que, desde la década de los 80, ha encabezado los barómetros del CIS como el principal problema de los españoles: el paro.

La percepción del problema del desempleo para la población española ha fluctuado, casi de forma armónica, con la evolución de la economía y por tanto del empleo.

En mayo de 1.985, fue cuando el 94,4% de la población lo señaló como el principal problema; en septiembre de 2007, descendió hasta el 35%; pero en mayo de 2011 repuntó hasta el 84,1% y en marzo de este año se sitúa en el 61,8%.

El paro ha ocupado, casi de forma ininterrumpida, el primer puesto en la preocupación del conjunto de la población.

Ya han pasado ocho años desde que se aprobó la reforma laboral, pero conviene recordar el escenario en el que esta fue aprobada.

Ocurrió en el mes de febrero de 2012, con más de 4.700,000 parados; nos encontrábamos en un año en el que se destruyeron casi 800.000 empleos; y desde el inicio de la recesión, a finales del año 2007, el desempleo se había incrementado en 2.600.000 personas.

En 2013 se inició una nueva fase de recuperación del empleo, que dura ya 5 años, y ha permitido descender desde una tasa de desempleo del 27,16%, que se alcanzó en su primer trimestre, al 14% actual.

Podría parecer que con este nuevo escenario de recuperación económica y crecimiento del empleo las recolocaciones pasan a un segundo plano entre las prioridades de las empresas.

Pero lo cierto es que parece que este proceso de recuperación económica está entrando en una nueva fase de desaceleración. Los anuncios de nuevos Expedientes de Regulación de Empleo en empresas tan significativas como: Banco Santander, Caixabank, Naturgy, Dia, Vodafone, Airbus, Cemex, Ford, etc. son prueba de ello y apuntan a que las empresas están adoptando posiciones de cara a un nuevo escenario económico.

Con sectores como la banca, telecomunicaciones, industria y automóvil que generaran una pérdida de más de 20.000 empleos durante el primer semestre de este año.

Otros indicadores, como puede ser el incremento de un 31,4% en el numero de concursos de acreedores presentados por las empresas valencianas durante el primer trimestre del año, tampoco contribuyen a dibujar un escenario de continuidad en el crecimiento del empleo.

Por lo tanto, los planes de recolocación, lejos de perder vigencia, parece que lamentablemente continuaran siendo un instrumento necesario para evitar, o en su defecto minimizar, nuevas perdidas de empleo que trunquen la fase de crecimiento de estos últimos años.

Ante este escenario, ¿qué medidas pueden contribuir a dotar a este instrumento de mayor efectividad?

1. Evitar que los Planes de Recolocación se aborden desde un enfoque de mero cumplimiento formal de un requisito normativo.
2. Establecer nuevos requerimientos que garanticen la profesionalización de los operadores. No cabe que puedan acceder a su ejecución empresas sin experiencia, solvencia técnica y especializadas en la materia.
3. Evitar la monetización de los planes, es decir atender al cumplimiento que el espíritu del legislador determina para el “periodo de consultas” en este deberán explorarse todas las posibilidades tanto para la reducción del numero de despidos como para el desarrollo de aquellas medidas y acciones que puedan contribuir a la rápida reinserción laboral de los trabajadores afectados por ese despido colectivo. Evitando que estas medidas se conviertan en moneda de cambio de la negociación de los importes de la indemnización.
4. Desarrollar legislativamente el contenido de los planes de recolocación externa. Establecer el importe de recursos mínimos a destinar a los mismos en función del volumen de trabajadores afectados. Así como hacer partícipe a la Inspección de Trabajo y los servicios públicos de empleo para su evaluación.
5. Evitar la discriminación de trato los trabajadores afectados por despidos colectivos inferiores a 50 trabajadores deberían disponer de las mismas oportunidades. Para ello deberían establecerse ayudas publicas en consonancia con las que para otros procesos de inserción laboral existen ya en otros ámbitos de las políticas de empleo.
6. Establecer incentivos económicos vinculados tanto al volumen de trabajadores excedentes recolocados como al plazo de dichas recolocaciones. Parece lógico que si a través de dichos planes y la gestión de los mismos por empresas externas especializadas se generan ahorros en prestaciones por desempleo, parte de dicho ahorro pueda destinarse a incentivar dicha actuación.

Como conclusión y a la espera de un otoño en el que el diálogo social entre Gobierno, Patronal y Sindicatos ocupará gran parte de la agenda social, centrándose en la reforma de la reforma, convendría que las partes enfocasen su atención en cómo afinar y mejorar la efectividad de una de las novedades de ésta. Como fue la apuesta por una mayor colaboración público-privada en la orientación e intermediación laboral.

Una mayor coordinación y una cooperación más efectiva entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación, debería venir de la mano de un mejor desarrollo del art.51 del Estatuto de los Trabajadores en lo referente al contenido y evaluación de los planes de recolocación externos.

El buen momento que vivimos en cuanto a la evolución del empleo no puede hacernos obviar que, en nuestro país, se sigue dando una desigualdad en el trato y servicios ofrecidos a los desempleados en su camino de vuelta a la ocupación efectiva.

Nuestro actual modelo de distribución de fondos destinados a políticas activas de empleo no es proporcional a las necesidades de cada Comunidad Autónoma.

Y por tanto podemos encontrarnos con diferencias muy significativas tanto en cuanto a los fondos que destinan por parado como al número de desempleados que a cada empleado de los distintos servicios Públicos de Empleo autonómicos les corresponde atender. Por ejemplo, frente a una media estatal  de gasto de oficina de empleo por demandante de 44,6€, Baleares destina 27,8€, la Comunidad Valenciana 29,8€ y el País vasco 97,6€.

Lo mismo ocurre en cuanto al numero de desempleados que se corresponde por empleado de oficinas de empleo; encontrándonos con que frente a una media 562 desempleados por oficina de empleo a nivel estatal, en Baleares la media se eleva a 968 en Comunidad Valenciana a 469 y en el País Vasco a 121.

Por tanto, centremos esfuerzos en el desarrollo de fórmulas que permitan:

– Eliminar discriminación del trato a los desempleados en función del territorio de residencia.

– Desarrollar con mayor exhaustividad los mecanismos de reinserción laboral.

– Fomentar la colaboración público-privada en el desarrollo de las políticas activas de empleo.

– No dejar en mero tramite medidas como los planes de recolocación externa que aglutinaran el cumplimiento de estos objetivos.

Román Ceballos, director general de la Fundación Equipo Humano.

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